Los impulsores genéticos utilizan nuevas técnicas de ingeniería genética, como CRISPR/Cas9, para forzar la propagación de caracteres modificados genéticamente, inclusive rasgos letales, en poblaciones y especies enteras. Una vez liberados en el medio ambiente, los organismos con impulsores genéticos no pueden ser recuperados ni controlados, usurpando y anulando así  la capacidad de las naciones, los pueblos indígenas, las comunidades locales y las generaciones futuras para adoptar sus propias decisiones.

Los impulsores genéticos contravienen las leyes de la herencia biológica, forzando a que prácticamente el 100% de la descendencia herede los rasgos modificados genéticamente, en vez del 50% habitual. Los sistemas de bioseguridad actuales están diseñados para limitar la dispersión y persistencia de los organismos modificados con el fin de mitigar sus posibles  efectos adversos, mientras que la finalidad de los impulsores genéticos es propagar las modificaciones genéticas para alterar las especies y los ecosistemas. Esto socavaría las disposiciones del Protocolo de Cartagena de las Naciones Unidas y los sistemas de bioseguridad internacionales y nacionales, incluidos los procedimientos de acuerdo previo e informado (API) de los países y de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Por otra parte, los niveles actuales de conocimiento científico son insuficientes para predecir los posibles impactos sobre la biodiversidad derivados de la interferencia de organismos con impulsores genéticos en los numerosos niveles de organización espacio temporal de unos ecosistemas sumamente complejos. Los impulsores genéticos permitirían modificar a gran escala a las especies silvestres mediante ingeniería genética, lo que vulnera los objetivos de conservación del Marco Global de Biodiversidad y plantea cuestiones éticas fundamentales sobre el papel de la humanidad en la evolución natural.

Los territorios de las comunidades locales y los pueblos indígenas están en el punto de mira para realizar las primeras liberaciones de organismos con impulsores genéticos. Para abordar y evitar toda una serie de riesgos potenciales, incluyendo impactos adversos ambientales, socioeconómicos, culturales y éticos, sería preciso llevar a cabo procesos inclusivos y participativos de evaluación de la tecnología que incluyan conocimientos multidisciplinares y respeten los diversos sistemas de conocimiento.

Las normas internacionales que regulan los impulsores genéticos se debatirán en diciembre de 2022 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se ha comprometido recientemente a llevar a cabo un proceso inclusivo y participativo para determinar su política sobre impulsores genéticos antes de 2024. ¡Todavía estamos a tiempo de actuar!

Instamos a los gobiernos a impedir la liberación en el medio ambiente de organismos con impulsores genéticos y a establecer una moratoria mundial sobre la liberación de este tipo de organismos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas.